Familiares de Bernardo Segura Molina acusan que el Poder Judicial y el gobierno de Veracruz desacatan al Poder Judicial de la Federación al no liberar al funcionario del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares por “venganza política”.
Por Noé Zavaleta
XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- “Aunque el Poder Judicial de la Federación ya ordenó cambiar las medidas cautelares, el gobierno de Veracruz, la Fiscalía y el Poder Judicial local siguen encaprichados en tener encarcelado a mi hijo”, se queja Bernardo Segura, padre de Bernardo Segura Molina, exsubsecretario de Finanzas y Administración del gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares quien fue detenido por policías ministeriales en Xalapa el 11 de octubre del 2019, mientras dejaba a su hijo en la puerta de un colegio privado.
A Segura Molina -explica su padre del mismo nombre, en entrevista con Proceso- lo acusaron de ejercicio indebido del servicio público y de abuso de autoridad, aunque para efectos multipublicitarios y políticos lo quisieron ligar a un mal manejo de 250 millones de pesos recuperados por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) al gobierno del priista, Javier Duarte y entregados a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para ser utilizados “preferencialmente” en el sector salud, como lo mandataba el número extraordinario de la Gaceta Oficial del Estado impresa el 3 de julio del 2017.
“Mi hijo ha pasado 15 meses en prisión, con investigaciones complementarias y prisión preventiva oficiosa y no le han podido encontrar responsable de nada. Peor aún, obtuvimos amparos federales (1009/2019 y 90/2020, en poder del reportero) que consideran que las presuntas irregularidades cometidas por el servidor público no son graves, por lo que no debería de continuar en prisión.”Hemos pedido libertad bajo caución o arraigo domiciliario, pero mi hijo sigue en la cárcel, hace un par de meses, en una audiencia que solo duro quince minutos le volvieron a dictar un año de prisión preventiva, tres veces le han cambiado de jueces ya, quienes solo llegan a leer un resolutivo que parece elaborado de más arriba (sic)”, reprocha Bernardo Molina.- ¿Dónde están esos 250 millones por los qué la Secretaría de Salud del gobierno de Cuitláhuac García presentó denuncia penal (carpeta de investigación FGE/FIM/53/2019) en contra de varios servidores públicos de la Sefiplan?
– Se gastaron, en distintas acciones del gobierno de Veracruz. No en cheques, sino en transferencias, fueron más de 110. Yo tengo copia de cada uno de esos movimientos de un grueso tomo engargolado. Bernardo Segura padre saca diversas órdenes de pago a proveedores, insumos y contratación de prestación de servicios de varias secretarías, con fechas que van de diciembre del 2017, y de todo el 2018-, mi hijo no manejó, ni desvió dinero. El con los token (sic) que te dan las sucursales bancarías, solo era un simple liberador de pagos.
El 19 de octubre del 2019, la FGE liberó cuatro órdenes de aprehensión en contra de la extitular de Sefiplan, Clementina Guerrero García, y de sus exsubordinados, Adrían Viccon Basto, Francisco Virues Hernández y Bernardo Segura, la Fiscalía solo hizo efectiva la última.
“La de Clementina quedó sin efecto. ¿Por qué? -se cuestiona el padre del recluido en la cárcel de Pacho Viejo-, porque tiene padrinos en el gobierno de la cuarta transformación. A ella sí le valieron su amparo, y ni siquiera fue detenida”, fustiga Bernardo Segura padre.
Clementina Guerrero incluso despacharía desde septiembre del 2018 como Tesorera en el gobierno morenista municipal de Xalapa, hasta octubre del 2019 cuando estalló el escándalo de su orden de aprehensión. En el Palacio Municipal fue vox populli que a Guerrero le “avisaron” que no se presentará a trabajar días previos a que el Fiscal, Manuel Medel pidiera al Juez de Control y de Procedimiento Penal Oral liberar la ejecutora de aprehensión.
Durante 15 meses la familia Segura había estado callada, sin embargo, el empeoramiento de la salud de Bernardo Segura Molina con apenas 37 años los orilló a pedir la difusión de su caso en la prensa. El pasado 12 de diciembre, Molina fue sacado de emergencia de la cárcel e internado en el hospital civil de Xalapa.
A falta de especialistas, quienes se encuentran ausentes por la pandemia de coronavirus, la familia tuvo que contratar un cardiólogo de un hospital privado. El doctor diagnosticó un ataque de cardiomiopatía de Takotsubo (conocido coloquialmente como el síndrome del corazón roto) por una combinación de fuerte estrés con depresión. El día 24, en plena Nochebuena, la Policía Ministerial regresó a Molina a la prisión, justo cuando sus abogados ya habían conseguido otro amparo para que le fueran cambiadas las medidas cautelares en la inmediatez.
Roberto Segura -hermano de Bernardo- explica que desde la vinculación a proceso han existido diversas inconsistencias, como girarle una orden de aprehensión en la madrugada del día 19 de octubre, siendo efectiva hasta al amanecer: “tardaron un par de horas en montar todo el papeleo y el operativo de detención”.
Por otro lado, pese a que no eran delitos graves, le giraron la prisión preventiva oficiosa “alegando” que seguía manejando las cuentas bancarías de Sefiplan, pese a que el actual tesorero, Eleazar Guerrero -primo hermano del gobernador, Cuitláhuac García-, contestó vía oficio que desde los primeros días de diciembre todos los exfuncionarios de Sefiplan fueron desactivados en sus funciones, incluyendo sus rúbricas en sucursales bancarias.
“Mi hermano está en prisión de manera arbitraría. La Fiscalía alega que seguía manejando las cuentas bancarias. Hemos pedido arraigo domiciliario y dicen que no. No lo entendemos, esto ya se ha convertido en un martirio. Mi hermano no es un político, tal parece que solo es un chivo expiatorio de este régimen”.
Bernardo Segura padre súplica al gobernador, Cuitláhuac García, que le dé una “revisión” al expediente 318/2019 radicado en los juzgados del Poder Judicial del Estado, pues hay una serie de irregularidades en las que participó la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Gobierno para tener al exsubsecretario de Finanzas y Administración del gobierno de Yunes por una coyuntura política, más que por corrupción.
“No queremos que liberen a mi hijo, porque estamos presionando. Solo queremos que se haga justicia, pero al pie de la ley. Que acaten los amparos federales que hemos obtenido. Estamos desesperados, porque tal parece que solo quieren tener a Bernardo en la cárcel, porque no pueden detener al funcionario yunista que tanto han cacareado su persecución”, expresa Bernardo Segura en clara alusión al exfiscal General del Estado, Jorge Winckler, prófugo de la justicia desde septiembre del 2019.
– ¿Y qué han sabido de Miguel Ángel Yunes, exjefe de su hijo?
– Nada, el día de la detención hizo un comunicado que salió en algunos periódicos; pero a nosotros no se nos acercó, para ofrecernos asesoría o apoyo, nada. Cómo te decía mi hijo no es político. Fue un servidor público que cayó en desgracia, sin deberla, ni temerla.
*Tomado de Proceso
