Julio 26, 2021
Guadalupe Fuentes López | SinEmbargo
El Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988 a 1994) es señalado, entre otras cosas, de las privatizaciones de Telmex, la banca y la televisión; una requisa en el Puerto de Veracruz; el otrora TLCAN que afectó la vida de campesinos y obreros; el levantamiento armado del EZLN, entre otros señalamientos.
Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).– Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó el país de 1988 a 1994, es considerado como el impulsor del Neoliberalismo en México y sobre su administración pesan varios señalamientos, entre los que destacan las privatizaciones de Telmex, la banca y la televisión, y el levantamiento armado del EZLN. Casi tres décadas después, sus decisiones políticas podrían ser objeto de un proceso de esclarecimiento al ser considerados en la Consulta Popular del 1 de agosto, en una pregunta ambigua que no incluye su nombre.
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que se hará a los mexicanos el 1 de agosto y sólo será vinculante para las autoridades si participa el 40 por ciento de la lista nominal, que a nivel nacional es el equivalente a 37 millones de votantes.
Para los expertos, esta pregunta –redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 1 de octubre de 2020– es confusa y ambigua, pues no incluye el nombre de ningún expresidente y no es un proceso que tenga incidencia en las investigaciones de juicios penales, por lo que en caso de ganar el “SÍ”, la propia sentencia de la Corte señala que el Presidente decidirá libremente cuáles serán las sanciones pertinentes para cada actor político, lo que podría incluir crear comisiones de la verdad, como han exigido las víctimas desde hace años.
“Detrás de nuestras demandas está nuestro dolor, las cuatro mil fosas clandestinas, las casi 90 mil personas desaparecidas y cientos de miles de víctimas de la violencia. Que el 1 de agosto sea una jornada nacional de visibilización de nuestras atrocidades con miras a la creación de comisiones de la verdad, pero que no se quede ahí”, exigieron la semana pasada decenas de colectivos de víctimas en una carta enviada al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.
Carlos Salinas de Gortari es uno de los cinco expresidentes que serían llamados a cuentas por decisiones políticas que afectaron la vida de miles de personas, como los trabajadores pertenecientes al Sindicato de Maniobristas en Veracruz, quienes hoy reclaman justicia por una requisa promulgada en 1991 que acabó con su única fuente de trabajo.
“Estamos demandando a Salinas de Gortari, a Fernando Gutiérrez Barrios, aunque está muerto me interesa mencionarlo, a Francisco Gil Díaz que era el subsecretario de Hacienda, a Pedro Aspe que era el Secretario de Hacienda, Arsenio Farell Cubillas, éste último era el Secretario del Trabajo durante el Gobierno de Salinas de Gortari, Roberto Ríos Ferrer (yerno de Andrés Caso Lombardo y en 1991 representante del Gobierno federal en la implementación de la requisa), Ángel González Rul (quien fue director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, Apiver), Jorge Lecona Ruiz, y todos los que participaron en este robo y violación de nuestros derechos humanos y laborales. Dante Delgado también, todos están incluidos”, dijo en entrevista el abogado Alejandro Pulido, quien acusa a Carlos Salinas de ser el artífice de la requisa con la cual se apropiaron de su patrimonio.
Para Javier Martín Reyes, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), no es necesario una consulta para que la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales investiguen a los expresidentes.
“Penalmente hay muchos delitos que ya no se van a poder procesar, acá la gran paradoja son dos cosas: uno es que no se necesita una consulta para abrir procesos penales contra los expresidentes, en este momento todas las fiscalías del país tienen la obligación de investigar la comisión de posibles delitos de quien sea. El otro punto es que la Corte dijo que la Consulta no podía estar relacionada con algún tipo penal. O sea, en términos jurídicos y constitucionales, el resultado de la Consulta, pase lo que pase, va a tener el mismo resultado y es que no va a tener ningún tipo de incidencia”, consideró en entrevista Javier Martín Reyes, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
SinEmbargo hace un recuento de algunas de las decisiones políticas más cuestionadas durante el sexenio de Salinas de Gortari, las cuales podrían abrir la puerta a crear comisiones de la verdad.
–Elección cuestionada (1988)
Carlos Salinas llegó a la Presidencia luego de una cuestionada elección que le dio el triunfo en 1988. Su predecesor, Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), había encargado a su Secretario de Gobernación, Manuel Barlett Díaz, realizar los comicios a través de la Comisión Federal de Elecciones.
El día de la elección, 6 de julio de 1988, el conteo preliminar de votos daba una ventaja al entonces candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, sobre el priista Carlos Salinas, pero una repentina falla interrumpió el flujo de datos en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y al restablecerse el sistema el abanderado del partido oficial se había colocado en el primer lugar de las preferencias electorales.
Esta repentina “caída del sistema”, como se le conoce a este episodio, provocó el descrédito del nuevo Gobierno que encabezaría Salinas de Gortari, quien ganó la elección con el 50.36 por ciento de las votaciones. En segundo lugar quedó Cuauhtémoc Cárdenas (31.12 por ciento), seguido por el panista Manuel Clouthier (17.07 por ciento).
–Privatización de Telmex (1990)
En el marco de la aprobación de la Reforma de Telecomunicaciones de 2014, promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto, y al cumplirse 25 años de la privatización de Teléfonos de México (Telmex), Carlos Salinas de Gortari escribió un artículo en el diario El Financiero titulado “Telmex, una privatización exitosa que terminó cuestionada”.
En la publicación el expresidente niega que Telmex, entregada por el Estado al empresario Carlos Slim Helú en 1990, se haya malbaratado y en su defensa señaló que se trataba de una empresa “emproblemada” y que si con el paso del tiempo se convirtió en monopolio fue por culpa de “regulaciones deficientes”.
“(Telmex) Era un obstáculo al desarrollo del país y un grave problema para la vida cotidiana de los mexicanos”, escribió el expresidente mexicano el 15 de diciembre de 2014.
De las acusaciones por malbaratar Telmex, aseguró que se vendió a un precio muy favorable para el Gobierno: “No fue una venta apresurada y su privatización se hizo de manera transparente. En el momento del anuncio de su privatización, Telmex ya estaba valuada en 3 mil 300 millones de dólares. El Gobierno recibió por su participación accionaria 8 mil 615 millones de dólares. De acuerdo al monto recibido por su venta, esa privatización se convirtió en la cuarta más importante del mundo”.
Sin embargo, politólogos e historiadores opinan lo contrario.
–Privatización de la banca (1990)
El 1 de mayo de 1990, Salinas de Gortari envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la propiedad de los bancos estatales mediante un régimen de propiedad mixta. En ese entonces el Estado controlaba la propiedad de 18 entidades bancarias: Banamex, Serfin, Internacional, Bancomer, Somex, Comermex, Confía, Cremi, BCH, Bancrecer, Atlántico, Banpaís, Multibanco, Mercantil de México, Promex, Bancen, Mercantil del Norte, Banorie y Banoro.
“El Estado se propone no ser el accionista mayoritario de todas y cada una de las instituciones bancarias, aunque conservará una participación en la banca comercial y fortalecerá aquellas instituciones orientadas al fomento de actividades prioritarias concretas”, justificó Salinas en el proyecto.
Entre los 23 hombres que acumularon riquezas en el sexenio salinista, muchos de ellos gracias a las privatizaciones, están Carlos Slim Helú (Grupo Carso); Emilio Azcárraga Milmo (fallecido en 1997, Grupo Televisa); Marcelo y Lorenzo (finado) Zambrano Treviño (Cemex); Jerónimo Arango (Grupo Wal-Mart); Alberto Baillères González (Grupo BAL); Roberto Hernández Ramírez (Grupo Financiero Banamex); Lorenzo (finado) y Roberto Servitje Sendra (Grupo Bimbo) y Ricardo Salinas Pliego (Grupo Elektra y TV Azteca).
–La requisa del Puerto de Veracruz (1991)
El 1 de julio de 1991, el Gobierno federal a cargo de Carlos Salinas promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una requisa para controlar las operaciones de los sindicatos portuarios. Esta figura legal prevista en la Constitución consiste en la expropiación del Estado de todos los bienes que puedan ser de utilidad en caso de guerra o movilización.
“Siempre se ha dicho que la requisa del Puerto de Veracruz era ilegal porque a México no le había declarado la guerra a nadie, por lo tanto se rompía el precepto gubernamental”, dijo el Capitán de Marina Mercante, Antonio Rodríguez Fritz, en una entrevista con SinEmbargo.
Hoy, a 30 años de que fueron despojados de su patrimonio, el Sindicato de Maniobristas no sólo reclama sus derechos (indemnización y restitución de inmuebles), también tiene ocho denuncias en contra de funcionarios de esa época como Carlos Salinas, Pedro Aspe (exsecretario de Hacienda), Francisco Gil Díaz (exsubsecretario de Hacienda) y el Senador Dante Delgado (entonces Gobernador de Veracruz).
–La Reforma Agraria (6 enero de 1992)
En noviembre de 1991, Salinas de Gortari envió un proyecto de ley al Congreso para reformar las leyes de tenencia de la tierra heredadas de la Revolución Mexicana, poniendo fin a la Reforma Agraria (donde se entregó a campesinos 100 millones de hectáreas que equivalían al 50 por ciento del territorio) y autorizando la participación de empresas privadas en el campo.
Al año siguiente, en 1992, la reforma al artículo 27 constitucional marcó una nueva era para el campo en México. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) modificó la Ley del ejido y lo convirtió en un sujeto de enajenación, cuando antes se heredaba por línea directa.
Se plantearon dos vías: la necesidad de modernizar el campo, que era a través de hacer una serie de inversiones amplias en infraestructura, proyectos productivos y mejoramiento de semillas; o privatizar el ejido y promover la existencia de grandes controladores de la tierra con grandes inversiones. Se optó por la segunda.
Esto provocó que algunos campesinos que vendieron sus tierras se acabaran el dinero pronto y se convirtieran en trabajadores del campo. Por el otro, se formaron grupos que poseían grandes extensiones de tierras de cultivo.
–Firma del TLCAN (1993)
Con la promesa de llevar a México al primer mundo, con mejores trabajos y salarios, se firmó en 1993 el TLCAN, un acuerdo comercial que permitiría a México, Estados Unidos y Canadá eliminar las barreras arancelarias para el intercambio de exportaciones e importaciones de productos.
En el papel se firmó un tratado exitoso, pero en la práctica (entró en vigor en 1994) no lo fue, y no sólo para México. En 2016 el entonces candidato republicano Donald Trump lo calificó como “el peor acuerdo comercial jamás hecho”, por lo que impulsó su renovación como una promesa de campaña.
Estados Unidos acusó que el TLCAN les quitó empleos a los estadounidenses al trasladar las fábricas a México, donde el salario era tres veces más bajo que en ese país. Efectivamente, del lado mexicano hubo más empleo, pero no una mejora en el salario.
En lo que respecta al campo mexicano, éste sufrió una real devastación a partir de la competencia con los productos altamente subsidiados de Estados Unidos, lo que produjo la desintegración de numerosas comunidades a partir de la salida de muchos campesinos que optaron por la migración. A su vez, se dio paso a la consecuente pérdida de autonomía alimentaria en la medida en que una gran parte de la base alimentaria mexicana actual se importa del país vecino.
Este desigual TLCAN llegó a su fin en 2018 cuando los tres países alcanzaron un nuevo acuerdo que lo reemplazaría: el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1 de julio de 2020.
–Levantamiento del EZLN (1 de enero de 1994)
“En un contexto en el que se hablaba de la falta de sentido del socialismo y del fin del marxismo, y en el que se decía que el mundo no tardaría en unificarse bajo el esquema del capitalismo, el EZLN emergió de repente, el 1 de enero de 1994, y le devolvió a la gente la esperanza de que podía haber un cambio social radical”, declaró Carlos Antonio Aguirre Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, para la Gaceta UNAM en 2019 al cumplirse 25 años de la aparición del EZLN.
Este movimiento, que inició una insurrección armada en el estado de Chiapas, fue uno de los golpes más duros para la imagen exterior del sexenio salinista, ya que mientras se promovía como un gobierno moderno con la firma del TLCAN, al interior del país los zapatistas, encabezados por el subcomandante insurgente Marcos, emitían la Declaración de la Selva Lacandona por la que declaran la guerra al Gobierno mexicano y exigían “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”.
A pesar de todos los intentos de gobiernos por minimizar al EZLN, el movimiento sigue y con más fuerza. En 1996 se fundó el Congreso Nacional Indígena (CNI), que en mayo de 2016 luchó para participar en el proceso electoral de 2018 con María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, como su candidata independiente.
Su objetivo de competir en la contienda era abanderar la lucha de los 11 millones de indígenas de México (10 por ciento de la población, según el Inegi), pero no alcanzó las firmas necesarias requeridas por el INE: juntó 243 mil 063 avales de los 866 mil 593 requeridas.
–Asesinato de Luis Donaldo Colosio (1994)
El 23 de marzo de 1994 un evento marcaría la historia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para siempre: su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado al término de un acto de campaña realizado en la colonia popular Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana (Baja California).
Días antes, el 6 de marzo, pronunció un memorable discurso en el aniversario LXV del PRI que, según analistas y políticos, no fue bien recibido por Carlos Salinas.
“La fuerza del PRI surge de nuestra capacidad para el cambio, de nuestra capacidad para el cambio con responsabilidad. Así lo exige la Nación (…) Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales”, expuso ante miles de priistas reunidos.
En marzo de 2018, la periodista Dolia Estévez publicó en una columna de SinEmbargo información sobre unos documentos clasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos que hablaban sobre Colosio. Señaló que los documentos retrataban a un candidato “acorralado y humillado por Salinas en la etapa previa a su muerte. Consignan que Salinas fomentó el protagonismo de Manuel Camacho, a quien nombró Comisionado para la Paz en Chiapas, a expensas de Colosio”.
Hasta ahora solo hay una persona detenida por el asesinato de Colosio: Mario Aburto Martínez (Hidalgo, 1971), a quien el 24 de marzo de 1994 la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) presentó como el actor material de la ejecución y por el que purga una condena de 45 años.
En marzo de 2019, el Presidente López Obrador calificó el asesinato de Colosio como un “crimen de Estado” y pidió que se siga investigando; mientras que Alfonso Durazo Montaño, quien fue secretario particular del candidato priista, declaró que nunca ha aceptado la tesis del asesino solitario.
“Me parece demasiado simplista que en un momento de alta confrontación política y sobre todo en el contexto de la madre de todas las batallas por el poder, que es el poder presidencial, el asesinato de Luis Donaldo tuviera explicación en la mano de un asesino solitario, francamente nunca he aceptado esa tesis”, declaró a medios el Gobernador electo de Sonora.
–Concesiones mineras a Larrea (1994)
Grupo México, la compañía de minería, transporte e infraestructura de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico del país, ha recibido 333 concesiones de la Secretarías de Economía (SE), de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto con vigencia incluso hasta 2063, de acuerdo con una revisión al Portal de Transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
