Por: Mario Evaristo González Méndez
Los educadores tenemos la función social de promover el aprendizaje en la comunidad. El docente es, por tanto, un agente de divulgación del saber humano y co-creador de la cultura de una sociedad. La práctica docente tiene una dimensión política irrenunciable que de ignorarse corre el riesgo de convertirse en recurso de manipulación y alienación.
Los educadores debemos optar frente a esta realidad, pues como decía Paulo Freire: o educamos para la libertad o perpetuamos la opresión. Así, quienes ejercemos la docencia necesitamos valorar si nuestra práctica se desinstala para buscar la verdad y promover la justicia o, por el contrario, reacciona acomodándose al círculo vicioso de opresor-oprimido, que suprime todo intento de genuina dialéctica.
La pedagogía para la libertad implica una disposición personal para re-conocer la realidad con el firme propósito de descubrir lo que hay de verdadero en ella y así elegir ser en el mundo (existir). Cuando se renuncia al esfuerzo para conocer no se está en condición de libertad para elegir, sólo se es capaz de reaccionar y de ese modo la dignidad de la persona se reduce al estado bio-psíquico del animal.
La evidencia de que se está conociendo es la capacidad para cuestionar, pues al tiempo que algo se va descubriendo surgen dudas y la apariencia resulta insuficiente para saciar la inquietud por la verdad. Por esta razón, el docente que apuesta por la libertad cuestiona y enseña a cuestionar, transformando el aprendizaje en una experiencia vital que sobrepasa los límites del aula y el currículo. De ese modo, la vida, lo cotidiano, la cosa pública (del latín res publica, república) son objeto de aprendizaje.
Con este preámbulo, ofrezco una serie de reflexiones en torno a la Educación para la ciudadanía partiendo de acontecimientos actuales en nuestra patria. Sucede tanto y quizá no estamos aprendiendo en la misma magnitud (pero no podemos pasar página y quedarnos igual).
Propongo para el caso los recientes hechos sucedidos en la capital del estado, la ciudad de Xalapa, Veracruz. Un grupo de personas expresan su descontento contra el gobierno y la Iglesia; exigen justicia por la muerte o desaparición de mujeres y hombres a manos del crimen organizado, del ejército o de la policía; se convocan por una causa específica, pero al paso de la manifestación evidencian diversos intereses que plasman en frases escritas con pintura en aerosol en las paredes de comercios, edificios públicos y templos; justificadas(os) en su indignación rompen cristales de tiendas y bancos, maltratan o destruyen monumentos, esculturas y otros espacios u objetos ornamentales de la arquitectura del paisaje en la ciudad.
La opinión pública respecto del hecho, por su misma condición, es diversa. Sin embargo, para el tópico de la educación para la ciudadanía, me parece interesante la valoración cívica y legal que puede elaborarse: una primera impresión es que el modo en que este grupo manifiesta su inconformidad no es legítimo en su sentido básico, pues no corresponde con lo razonable ni con lo justo. ¿Por qué?
La respuesta al porqué abre un abanico de más preguntas, pero aquí me limitaré a dar algunas razones. No es razonable, desde el punto de vista lógico, porque el argumento para justificar su acción es falaz o incluso inexistente. Por ejemplo, es frecuente que se ataque a las personas con pensamientos o creencias diferentes a las suyas (ad hominem); se apela a los sentimientos del pueblo para apoyar su proceder (ad populum); o se recurre a la generalización indebida en sus dichos (inducción a partir de pocos casos o un único caso).
La acción violenta de algunos manifestantes no es justa porque, en principio, contradice la definición elemental de «justicia»: principio moral que permite a la persona conducirse con la verdad y dando a cada uno lo que se merece. Si esto es así, entonces su actuar es inmoral porque dañaron intencionadamente los bienes de otras personas, deliberadamente ejecutaron un mal; además, el reclamo presume la culpabilidad de los entes de gobierno y/o eclesiásticos en la comisión de los crímenes que causaron la manifestación y sus distintas expresiones, rechazando cualquier evidencia de verdad arguyendo complicidades o conspiraciones de las cuales no se tiene certeza; por último, en su actuar se violaron derechos de los otros, por lo que se cometió una injusticia.
Entonces, ¿puede valorarse lo sucedido como un legítimo ejercicio de ciudadanía democrática? En síntesis, me atrevo a decir que no, porque la ciudadanía democrática fortalece los cimientos de justicia, legalidad y libertad en la sociedad. Y ninguna de esas cualidades se consolidan por la vía de sus defectos: lo injusto, lo ilegal y lo alienante. Toda manifestación que haga uso de la violencia es una ruta equivocada si se pretende mejorar las condiciones de vida para todos(as). La reacción de estos grupos ralentiza los procesos democráticos y terminan por ser exactamente iguales que el sistema opresor al que denuncian, materializando lo que advertía Freire: cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es convertirse en opresor.
¿No hemos tenido ya bastante de eso en la política nacional? Urge una educación para la ciudadanía que enseñe a los estudiantes a discernir comunitariamente la vida pública, pero éste será tema de la siguiente colaboración.
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