El mandatario también confirmó que esta semana sostendrá una reunión en Palacio Nacional con los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana que el Gobierno mexicano ya tiene las grabaciones del grupo criminal Guerreros Unidos sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que podría darlas a conocer más adelante, aunque no especificó cuándo, pero que tendría que tener el permiso de las familias y de los jueces.
El mandatario informó que desde hace dos años se solicitaron las grabaciones al Gobierno de Estados Unidos, a través de la Vicepresidenta Kamala Harris, quien se las hizo llegar, y que a raíz de eso, la Fiscalía General de la República (FGR) ha armado investigaciones y solicitado órdenes de aprehensión contra los presuntos involucrados en la desaparición de los estudiantes.
“Ya tenemos todas las grabaciones y están en manos de la Fiscalía, que está haciendo la investigación sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, incluso con fundamento a esas grabaciones, ya se han ordenado detenciones. Hay órdenes de aprehensión. Todo esto se va a informar en unos días más”, agregó.
López Obrador resaltó que ya se cuenta con todas las grabaciones y que incluso se le escribió una carta al Gobierno de Estados Unidos para cerciorarse de que no faltaran grabaciones, y que la respuesta fue que ya eran todas.
“Las que nos enviaron por esta gestión que hicimos con la Vicepresidenta de Estados Unidos ya se están utilizando para solicitar las órdenes de aprehensión”, señaló.
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Asimismo, mencionó que para hacerlas públicas tienen que respetar el debido proceso, y solicitar permiso a las madres y padres de las víctimas.
“Siempre está lo del debido proceso y hay que solicitar también permiso a los padres. Nosotros no tenemos ningún problema. Yo soy partidario de la transparencia. No me gusta que se utilice el debido proceso como debido pretexto para no dar información, para ocultar información, ni siquiera testar, es decir, tachar. Cada vez que puedo, suban todo para que no quede ninguna posibilidad de sospecha, de duda”, aclaró el mandatario.
También confirmó que sostendrá una reunión en Palacio Nacional esta semana con las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues el próximo 26 de septiembre se cumplen nueve años de la desaparición forzada, ocurrida en Iguala, Guerrero.
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El pasado 18 de agosto, a través un video difundido en redes, el Gobierno federal destacó que del trabajo entre la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) ha resultado en la detención, hasta el momento, de 116 personas vinculadas a proceso penal por su presunta responsabilidad.
Durante este proceso de judialización, otras 77 personas involucradas, de 169 consignadas, han sido exoneradas por jueces.
GIEI SE VA DE MÉXICO POR FALTA DE COLABORACIÓN
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El pasado 31 de julio, el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lanzó un último mensaje antes de dejar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, en el que destacó que la documentación entregada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) corrobora la existencia de más información sobre la detención y el traslado de los 43 estudiantes, la cual les ha sido negada.
El grupo de expertos señaló que tras la apertura de archivos por mandato presidencial, se logró tener nuevos hallazgos sobre la actuación de agentes del Estado y recabar información sobre el posible destino de los jóvenes, sin embargo, apuntó que la información brindada por las Fuerzas Armadas “es parcial y corrobora la existencia de otras información sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas”, y que les ha sido negada a pesar de la insistencia y de la negativa de las instituciones.
Asimismo, el GIEI resaltó que, pese a las trabas, se consiguió la detención del exprocurador General de la República, dos generales, 20 miembros del Ejército, y más de un centenar de miembros del crimen organizado y funcionarios, pero que la investigación fiscal no sólo debe llevar a las detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas.
(SIN EMBARGO)