POR: Pedro Salmerón Sanginés
Sí, ya sé: ese es el título con el que exhibí el descaro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hace un par de años, cuando sacó a “concurso de oposición abierto” 64 plazas en unas condiciones tales que sólo faltaba el nombre completo de quien resultaría ganador del concurso. Pues bien, en junio pasado, sin el descarado cinismo del INAH aquella vez, pero de manera más tramposa, la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) sacó a “concurso abierto” 200 plazas de investigación en su programa de “inserción laboral” para doctores. El primer dato que llama la atención es que cerca de 5 mil doctores nos inscribimos a las 200 plazas. Pero vayamos a la trampa.
Decidí concursar por una de las 11 plazas en la “línea estratégica” sobre “Historias locales de pueblos y comunidad”. De manera para mí inesperada, no gané ninguna de las 11 plazas, inesperada porque supuestamente sería un comité transparente de la Secihti el que dictaminaría y porque no era una, eran 11 plazas. Así que empecé a preguntar a los funcionarios de esa secretaría de acuerdo con las leyes de transparencia, y he estado enterándome de cosas muy curiosas.
La primera es que el concurso realmente no lo hizo la Secihti, pues su “comité técnico de selección” revisó 675 postulaciones y aprobó 240, de 215 personas. Y envió la lista de esas 215 personas a ocho centros públicos de investigación dependientes de la Secihti (pero con funcionamiento autónomo) y al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, de tal manera que el “comité técnico” sólo fue un filtro y los “concursos” se realizaron, de manera efectiva, en cada uno de esos centros.
Dice una de las respuestas que me dieron: “Se informa que la convocatoria previó que la determinación de las comisiones dictaminadoras correspondiera a cada centro público, de conformidad con la normativa aplicable interna vigente que regulara el ingreso y contratación de personal. Por lo que, en caso de requerir específicamente cuál fue la comisión dictaminadora u órgano equivalente que intervino en la evaluación de perfiles de un Centro Público en particular, se sugiere atentamente dirigirse al propio centro, por ser la instancia competente.”
Los referidos “centros públicos” no nos pidieron a quienes concursamos nuestros proyectos de investigación ni docencia (para concursar, había que llenar un formato —“machote”, decíamos antes— y aportar nuestro curriculum vitae en el formato del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII). En el formato o machote, el proyecto de investigación apenas alcanzaba a enunciarse o poco más, y no se incluían los proyectos de docencia ni divulgación. Tampoco nos entrevistaron. No se comunicó con nosotros ni una sola de las nueve “comisiones dictaminadoras o equivalentes”.
Por cierto, sé que al menos una de esas nueve instituciones no tiene “comisión dictaminadora”, porque no contrataba “investigadores”, sino funcionarios. Obviamente, no es público (pero ya los pedí por transparencia) quiénes integran las referidas comisiones dictaminadoras y menos aún, qué criterios académicos siguieron para contratar a una o dos personas entre los 215 que pasamos el “filtro” del decorativo “comité técnico” de la Secihti. Eso sí, las decisiones son inapelables.
Me dicen en otra respuesta: “Es importante mencionar la imposibilidad de revocar la decisión tomada por el comité de esta secretaría, puesto que pondría en riesgo principios que rigen la operación de la convocatoria, tal como la perspectiva de derechos y de equidad y no discriminación, y que vulneran la certeza jurídica del proceso y de aquellas personas que resultaron seleccionadas”. Decídanse: ¿fue el “comité de esta secretaría” o las “comisiones dictaminadoras o equivalentes” de los centros?, ¿y la equidad y no discriminación y certeza jurídica de quienes fuimos rechazados sin entrevista ni proyecto? (Lo que escribimos en el “machote” no es un proyecto de investigación).
“Es importante mencionar” (detesto esta frase, pero la replico), que muchos de esos centros siguen copados por las mafias de las derechas académicas y que su trabajo es todo menos transparente: unos meses atrás perdí un “concurso abierto” en el Instituto Mora. Al pedir aclaraciones, me contestaron que la plaza era sólo para quienes pertenecieran al SNII y que por eso me habían rechazado. Casualmente, pertenezco a ese sistema en su nivel II. Contrataron a una persona que forma parte del grupo de investigación de la persona presidenta de la “comisión dictaminadora”, ninguno de cuyos tres integrantes, por cierto, pertenece al SNII. La decisión, inapelable.
Estoy acostumbrado: hace años que colecciono concursos de oposición perdidos. Algunos muy simpáticos, como aquella vez que la Escuela Nacional de Antropología e Historia me rechazó (y se quedó con la plaza una persona alumna directa del presidente de la comisión dictaminadora… por cierto, del proyecto que presenté resultó mi libro 1915: México en Guerra); o aquella otra en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, cuando apelé la decisión (en la UNAM sí se puede apelar) y quien iba a defender mi caso me citó la víspera para decirme que mi proyecto no servía y que no iba a defenderme… cosa que el cobarde oportunista (un intrascendente “doctor en historia” y ahora “investigador titular” nivel Supermán) pudo decirme un mes antes para que yo buscara otro defensor.
Seguiré hurgando: tengo temperamento de defensa central y cuando agarro un tema sigo con él. Porque no es sólo mi caso, aunque tengo muchas ganas de regresar a mi verdadera vocación, la de profesor-investigador: es el caso de 5 mil doctores que no encajan, no pertenecen, no responden a las mafias académicas ni somos hijos o sobrinos de…
