La Consejería Jurídica de la Presidencia se lanzó este martes contra legisladores de oposición, entre ellos la aspirante a la presidencia, Xóchitl Gálvez, por su papel en la discusión en el Senado de una serie de reformas que fueron aprobadas en fast track por la mayoría de Morena en una sede alterna.
Entre las reformas aprobadas en la sesión maratónica de abril se encuentra la que impulsó el gobierno federal para eficientar el combate al tráfico de fentanilo, contra la cual fue impugnada por los legisladores de la alianza opositora (PAN, PRI y PRD).
Ante ello, Presidencia los acusó de un actuar “antidemocrático”, y los responsabilizó de que la mayoría morenista en la Cámara Alta establecieran una sede alterna para sesionar.
“Basta observar las grabaciones de dichas sesiones, videos que obran en fuente pública y la confesión expresa de la senadora Xóchitl Gálvez, para acreditar que su objetivo era impedir el debate parlamentario que, ahora alegan, no pudieron ejercer”, se lee en el texto.
A lo largo del escrito, la Consejería Jurídica enfatiza más de una vez el nombre de Gálvez y resalta que su conducta, junto con la de otros legisladores, tuvo como objetivo impedir las sesiones.
“Prefirieron organizar bailes, pijamadas y encadenarse a la silla de una mesa, en vez de debatir los proyectos de leyes, materia de la sesión”, se lee en el comunicado.
Presidencia incluyó en su comunicado dos fotografías de Xóchitl Gálvez, una en la que aparece encadenada a la Mesa Directiva del Senado en el recinto alterno de Xicoténcatl, y otra donde se observa a la panista acostada en el piso de la Cámara Alta entre los senadores Gustavo Madero y Emilio Álvarez Icaza.
Por último, Presidencia pidió a la Suprema Corte de Justicia que actúe imparcialmente ante la acción de inconstitucionalidad que se interpuso por este hecho.
“Debe tomarse en cuenta que, declarar la invalidez de la reforma en materia de control de sustancias como el fentanilo implicaría un grave daño a los derechos fundamentales de las personas en materia de seguridad y salud pública, así como incumplimiento a los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de combate al tráfico ilegal de este tipo de sustancias”, finalizó.
(LATINUS)
