Por Carlos Loret de Mola*
El caso del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, ha sido sorprendente desde su detención el 15 de octubre al aterrizar en Los Ángeles hasta que ayer se anunció que el gobierno (saliente) de Estados Unidos decidió retirarle los cargos y devolverlo a México para que sea investigado aquí.
La decisión inédita del Departamento de Justicia ocurre cuando el gobierno mexicano está prácticamente aislado en el mundo en su apoyo al derrotado presidente Trump y cuando el mandatario mexicano enfrentaba fuertes presiones del Ejército, la institución sobre cuyos hombros ha puesto gran parte de su proyecto de país.
1.- La acusación. Según el expediente en contra del general Cienfuegos, que se supone tiene 700 páginas, el secretario de la Defensa Nacional mexicano chateaba por Blackberry con el número dos de un cártel de bajo perfil en Nayarit. No con el Chapo, no con el Mencho, ni siquiera con el H-2 (el líder de ese cártel nayarita de bajo perfil), sino con el número dos del H-2. Para muchos, la indagatoria y detención de quien durante su alto encargo era uno de los consentidos del gobierno americano (su nivel de acceso así lo reflejaba), sin la coordinación ni los canales habituales, fue reflejo del desastre de organización interna que trae el gobierno de Donald Trump.
2.- La reacción del Presidente. Cuando se supo de la detención, la primera reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador fue montarse electoralmente en el asunto y colocar al general Cienfuegos en el basurero de los corruptos del pasado que alimentan diariamente su narrativa electoral de las conferencias mañaneras. Duró poco. Las presiones del Ejército mexicano en favor de uno de los suyos surtieron efecto: a las pocas horas, el presidente cambió radicalmente el discurso y de la condena al pasado pasó a la queja del presente: se mostró indignado porque Estados Unidos no le dijo nada a México del expediente Cienfuegos y amagó con revisar la cooperación con las agencias estadounidenses.
3.- Estados Unidos retira los cargos porque confía en México. El comunicado en inglés de la fiscalía americana dice que lo hizo “en reconocimiento a la sólida sociedad entre México y Estados Unidos para la aplicación de la ley”. Si algo saben, piensan y abiertamente dicen todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos es que en México no hay Estado de Derecho y no se aplica la ley.
4.- México va a investigar a Cienfuegos. El comunicado en español resalta que ahora el general Cienfuegos será “investigado y, en su caso, procesado acorde con las leyes mexicanas”. Eso no va a suceder, lo sabemos todos. Regresará a México y quedará libre, porque esa es la garantía que ha dado el presidente López Obrador al Ejército.
El documento oficial que el Departamento de Justicia pone a consideración de la juez dice con todas sus letras: “Estados Unidos ha determinado que consideraciones importantes y sensibles de política exterior pesan más que el interés del gobierno en continuar el juicio del defendido”. Con ese párrafo, el gobierno americano se sacude la responsabilidad de demostrar que su caso estaba bien armado y si en México queda libre el general, no serán ellos los culpables de inventar un caso, sino los corruptos mexicanos que no tienen remedio. Queda para el futuro saber a detalle qué hay de esas “consideraciones importantes y sensibles de política exterior” que pesan tanto. (Editorial de Carlos Loret de Mola).