POR: Simón Vargas Aguilar*
El crimen organizado, y de manera preponderante el narcoterrorismo, permean aceleradamente en todo el país en vialidades, escuelas, fiestas, comercios e incluso en redes sociales; no se trata sólo de farmacodependencia, homicidios o de guerras entre facciones de cárteles, sino de un poder que ha ido destruyendo el tejido social.
Su método de apoderamiento de la sociedad ya no depende sólo de la amenaza directa: hay pobreza, abandono escolar, familias destrozadas y, sobre todo, una narcocultura que se ha extendido; esa no es “delincuencia común”, es una política de captura generacional. Ante todos estos problemas sociales las iglesias han sido, desde hace décadas, un parteaguas que encaran los conflictos y buscan ayudar a la población.
Los sacerdotes y pastores conocen a las familias, acompañan enfermos, escuchan lo que la gente no se atreve a decir ante la justicia, celebran sacramentos y en más de una comunidad, terminan siendo la última figura de mediación cuando las autoridades callan y las instituciones de seguridad llegan tarde o jamás llegan. Denunciar el crimen, predicar contra la violencia o simplemente no pagar una cuota no es acto de rebeldía, sino otra voz que se alza cuando la indiferencia cada día gana más terreno.
Y quizá por eso los han convertido en un blanco. El asesinato o el ataque contra un sacerdote no es un daño colateral de la violencia generalizada, es un mensaje de control social, porque quien le arrebata la vida a un párroco no sólo elimina a un hombre, le dice al pueblo que ni la iglesia sirve de refugio y que la valentía tiene un precio.
El 15 de septiembre de 2026, en plena víspera de las fiestas patrias, el cuerpo del sacerdote Román de la Cruz Hernández, de 48 años, párroco de la comunidad de Santa Cruz, en Huejutla, estado de Hidalgo, fue hallado con heridas de arma de fuego a un costado de la carretera de Lolotla. Junto a él había una cartulina con un mensaje intimidatorio, cuyo contenido las autoridades no han revelado. De la Cruz coordinaba la comisión pastoral profética de la diócesis de Huejutla, que un mes antes había alertado que delincuentes hackeaban teléfonos de sacerdotes para hacerse pasar por ellos y extorsionar a los feligreses.
La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su indignación y solidaridad con monseñor José Hiraís Acosta Beltrán, obispo de Huejutla, y exigió “una investigación exhaustiva que permita esclarecer estos hechos y se haga justicia de manera expedita”. El propio obispo Hiraís pidió no especular para no entorpecer las pesquisas, pero no suavizó el diagnóstico, y es que ante “la situación alarmante de violencia que se vive en nuestro país”, llamó a las autoridades a esclarecer el crimen y a “no permitir que este suceso, ni los demás delitos que han lastimado nuestra nación, queden impunes”.
Hasta ahora, los resultados por parte de las autoridades no corresponden a la gravedad del llamado; Francisco Ángel Fernández Hasbun, jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, ha dicho que hay hipótesis, que se realizan “las investigaciones correspondientes” y que “cree que pronto resolverán”; sin embargo, no hay detenidos, no hay móvil oficial y no se percibe un compromiso federal que esté a la altura de un homicidio como el ocurrido. Hipótesis sin capturas, en nuestro país, se traducirá en un crimen más que se quedará en una carpeta de investigación.
El Centro Católico Multimedial, que documenta la violencia contra miembros de la Iglesia, registra cuatro sacerdotes asesinados en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: Marcelo Pérez Pérez, en Chiapas; Bertoldo Pantaleón Estrada, en Guerrero; Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, en el estado de México; y Román de la Cruz Hernández, en Hidalgo; y desde 1990 suman más de 60 sacerdotes asesinados.
Lo paradójico de la situación es que todo parece indicar que no importa cuántos sacerdotes sean asesinados, porque la impunidad cubre a muchos personajes relevantes de la sociedad. Recientemente, durante su segundo Informe de gobierno, cuando el cuerpo del padre Román aún no terminaba de ser velado, el alcalde de Jaltocán, Guillermo Amador Lara, lanzó una advertencia pública al párroco José Rosario Arévalo Cervantes, el padre Chayo, de la iglesia de San Juan Bautista, y le exigió concentrarse en “su sermón religioso”, no ofender a la ciudadanía y no meterse “en situaciones que no le competen, pues nosotros no nos metemos con el clero… que no se meta con nuestra política”, dijo, y añadió que creía que el sacerdote lo estaba escuchando.
Un alcalde que, a horas de un asesinato eclesiástico en la misma diócesis, amonesta en público a otro sacerdote, no está defendiendo la laicidad, y un gobierno que acumula hipótesis, comunicados y misas de desagravio sin detener a nadie está enviando un mensaje: que el control social del crimen se tolera mientras no estalle en las medios de la capital. México no puede seguir tratando estos crímenes como casos sin importancia. Matar a un cura es advertirle a todo un pueblo que el silencio es la única salida permitida, y mientras esa advertencia quede impune, los diferentes niveles de gobierno no están combatiendo al crimen; en realidad le están cediendo terreno.
Esclarecer estos delitos importa porque el sacerdote suele ser de las pocas personas que recorren las comunidades sin protecciones, que saben qué familia está siendo extorsionada, qué joven desapareció y cuál autoridad no hace justicia y mira hacia otro lado. Quitar a esa figura es vulnerar a la comunidad.
*Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia y política
