CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-La iniciativa de ley en materia de ciencia y tecnología que ha enviado al legislativo el gobierno de López Obrador tiene por objetivo terminar de manera radical con el actual Conacyt y con los Centros Públicos de Investigación adscritos a este Consejo, además de dar paso a un modelo de política científica basado más en supuestos que en procesos sustantivos adecuados a las disciplinas científicas.
Si se aprobara la propuesta Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, de la noche a la mañana concluiría una larga historia de la comunidad científica en México que tuvo por propósito crear un marco jurídico e institucional propio, diseñado ad hoc, propicio para el desarrollo de instituciones y de comunidades científicas y tecnológicas que reconocieran su especificidad y naturaleza, necesarias para la creación de conocimientos, para la formación especializada y para la difusión y aplicación de los mismos.
Nunca se logró plenamente ese propósito largamente demandado, en buena medida debido a burocracias que siempre obstaculizaron la implementación de un modelo de política científica con características propias; pero se lograron importantes avances plasmados especialmente en la actual Ley de Ciencia y Tecnología, amenazada con abrogarse. No es que existiera un mundo perfecto y sin distorsiones. Lo prudente ahora sería corregir y no destruir, pues no hay enfrente un cuaderno en blanco listo para cualquier trazo.
La propuesta de Ley del gobierno de AMLO abiertamente cierra la ruta hacia el marco jurídico especializado para las ciencias. A partir de ahora, entre otras disposiciones, se establece que el personal de investigación es un servidor público a secas, en los términos de cualquier otro en cualquier función de gobierno, sin la especificidad que corresponda a la naturaleza de su actividad. La propuesta de ley, por cierto, enfatiza la lealtad como uno de sus principios. ¿Lealtad a qué? ¿a la verdad, a la sociedad o al empleador?. Quedará esta duda a criterio del burócrata en turno, pues el modelo de gestión previsto por la ley hace predominar esa perspectiva.
Son muchos los aspectos cuestionables de la iniciativa de ley. Uno crítico es la imposición a los estados del modelo institucional del gobierno federal en materia de ciencia; también a los municipios se impone e incluso a un inventado ámbito que la ley denomina “comarcas” (curioso asunto las comarcas). Y si los estados no replicaran el modelo se impondrá la legislación federal, como está previsto en caso de que alguna legislatura incumpliera la instrucción central. Así de federalista y de participativo es el proyecto de nueva política científica.
En un abrir y cerrar de ojos, por otro lado, la iniciativa de Ley crea un Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en el que literalmente estarán integrados todos, todas, instituciones y personas que tengan alguna actividad científica, incluyendo las que pudieran existir en las comunidades indígenas. Este sistema, por supuesto, quedaría obligado por las disposiciones de la legislación, la política y las prioridades establecidas por un Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que, en este caso, es de membresía restringida. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por 13 secretarías del gobierno federal, incluyendo a las de Marina y de Defensa Nacional, como corresponde a un gobierno empeñado en militarizar toda la administración pública. Además, podrán integrarse hasta seis personas invitadas por la Dirección del Consejo.
La parte más devastadora de la propuesta de ley es para los Centros Públicos, que mudarán su naturaleza. Primero, al ser coordinados por el Consejo y, segundo, al quedar encargados a la “dependencia o entidad coordinadora de sector que corresponda”, que presidirá su órgano de gobierno y además regulará sus funciones sustantivas. Por consecuencia, los jefes reales de los centros van a ser las secretarías federales o alguna de sus entidades.
En ese caso, por ejemplo, ¿quién estaría al mando del CIDE, de El Colegio de la Frontera Norte, del CIESAS, del Instituto Mora o El Colegio de Michoacán, pensando solamente en los centros con disciplinas sociales? ¿Serán Gobernación, Relaciones Exteriores, Economía, Cultura? En cualquier caso, la directiva real de los Centros pasará al ámbito de estas secretarías, que evidentemente no se caracterizan por su perfil científico.
Es muy grave, además, que el nombramiento de los titulares de los Centros Públicos sea una decisión directa de las secretarias federales, como si se tratara de una de sus dependencias. Los nuevos titulares tendrán como requisito tener el grado de doctor o su equivalente (sin tesis plagiadas, por favor), es decir, con toda la flexibilidad del mundo para definir equivalencias al doctorado. Durarán en su encargo tres años, renovables por una ocasión. Adicionalmente, los programas institucionales de los centros y sus instancias de evaluación, por supuesto, pasarán por la aprobación de su respectiva cabeza de sector como corresponde a actividades de cualquier oficina de gobierno. Ese es el espíritu.
Por si faltara algo, las particularidades que los Centros Públicos hayan alcanzado en su normatividad e instancias académicas y laborales serán también parte de la historia. Lo nuevo es la “armonización normativa”, con procedimientos que se definirán de otra manera, con otros criterios, en donde las comunidades podrán enterarse y opinar en el mejor de los casos. Habrá unas Bases Generales para la Profesionalización del Personal, que seguramente suplirá las disposiciones vigentes. Dice la iniciativa de ley que no se violarán los derechos laborales, pero en la práctica quedarán todos desplazados, pues la esencia laboral del trabajo científico son las reglas e instancias estrictamente académicas y especializadas.
Con la iniciativa de Ley, en pocas palabras, se está inundando un aeropuerto y se está abriendo un tajo en la selva de las ciencias en México. En esta materia, no está en duda que lo antes existente necesitaba correcciones, rectificaciones y, en su caso, de eventuales sanciones. Pero no es alternativa la iniciativa de ley en curso. Lo que se impulsa ahora, especialmente para los Centros Públicos de Investigación, es su franca conversión en oficinas burocráticas y la caída al vacío de su naturaleza como comunidades científicas. l
* Profesor del PUED/UNAM. Expresidente de El Colegio de la Frontera Norte y exdirector del INM.
Este análisis forma parte del número 2409 de la edición impresa de Proceso, publicado el 1 de enero de 2023, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.
