Ministros de la SCJN aprueban desechar denuncias pasadas o futuras en su contra
Los ministros de la SCJN aprobaron desechar expedientes como el de presunto plagio de titulación académica de Yasmin Esquivel
En sesión privada, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron por unanimidad un acuerdo que impide dar curso a las denuncias ciudadanas que pretendan atribuirles responsabilidad administrativa, tanto a quienes están en funciones como a los que se encuentran en retiro. Esta decisión se basa en que los integrantes del máximo tribunal del país gozan de “garantías especialmente reforzadas” que protegen su independencia judicial.
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Con esta resolución, que surge de una consulta a trámite contemplada en la fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitir todas las quejas a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas para su desechamiento inmediato, incluidas las relacionadas con el caso de presunto plagio en la titulación académica de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
El expediente de esta consulta se originó el 17 de enero de 2023, tras denuncias anónimas recibidas por la Unidad referida, en las que se solicitaba investigar si existía responsabilidad administrativa por parte de la ministra Esquivel. Sin embargo, el Pleno de la SCJN concluyó que actualmente no existe un marco normativo específico que permita sancionar administrativamente a los ministros.
Acuerdo blinda a ministros ante procedimientos administrativos
En este sentido, el proyecto, presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, argumenta que los ministros de la Corte cuentan con un régimen de protección jurídica distinto al del resto de los juzgadores. Estas garantías están diseñadas para evitar que la función judicial suprema del país se vea afectada por denuncias “frívolas o malintencionadas” que puedan entorpecer su labor.
“El cargo de ministro de la SCJN está protegido con garantías especialmente reforzadas frente a acusaciones de responsabilidad política y penal”, señala el documento aprobado. Agrega que incluso frente a la posibilidad de renuncia o sanción, el proceso debe estar regulado por una legislación clara y específica, la cual hoy no existe.
Asimismo, el Pleno determinó que el Acuerdo General Plenario 9/2005, que en su momento regulaba la posibilidad de iniciar procedimientos administrativos contra ministros, ya no tiene vigencia legal. La Corte argumenta que no puede suplirse la falta de legislación con acuerdos internos, por lo que mientras el Congreso de la Unión no emita un marco normativo adecuado, no se podrá proceder contra los ministros en este tipo de casos.
“La interpretación conjunta de esos elementos permite considerar que mientras no exista un marco legislativo que desarrolle con precisión las faltas susceptibles de atribuirse a los ministros, así como las sanciones y el procedimiento a seguir para su determinación, no se les puede reprochar responsabilidad administrativa”, concluye la sentencia.
(sinlinea)
